Datysoc

Mariana Fossatti escribió sobre este tema en nuestro blog: https://datysoc.org/2026/03/04/jovenes-y-plataformas-digitales/

Determinar por ley una edad mínima no es la única opción para abordar los desafíos que plantean las redes sociales para el bienestar de las personas más jóvenes. De hecho, esta es la opción menos recomendable, porque su justificación es dudosa y plantea riesgos graves. La prohibición de uso de las redes a menores de cierta edad, implica verificación de edad obligatoria. Esto no es otra cosa que la verificación de la identidad real de TODOS los usuarios para ingresar a las redes sociales y otros servicios digitales.

La prohibición está mal porque restringe la libertad de expresión y vulnera el acceso a la información de los y las jóvenes. La verificación de edad está mal porque representa un riesgo para la privacidad y la libertad de expresión de todos los usuarios, jóvenes y adultos. Debemos cambiar el sujeto y el enfoque: de la prohibición de las redes para menores, a la limitación del modelo de negocios de las grandes plataformas. Junto con programas integrales de inclusión digital, educación y salud mental, y siempre en diálogo con las y los jóvenes.

Se trata de un proyecto ambicioso que impulsa la soberanía digital regional a través de la creación de un modelo extenso de lenguaje (LLM) base. El modelo, toda su documentación y los datos de entrenamiento serán abiertos y quedarán a disposición para emprendedores, comunidades y gobiernos de América Latina. Para conocer más sobre los objetivos y avances del proyecto puedes seguir la transmisión en vivo desde aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3EUgH2yp9bQ

Este tipo de legislación está ganando impulso en el mundo, no sin controversia, fuertes críticas y oposición social. Australia y algunos estados de Estados Unidos ya establecieron legislación que restringe el acceso a las redes sociales por edad. Varios otros países han anunciado proyectos similares, como Francia, Dinamarca, Reino Unido, España, Portugal, Indonesia y Malasia. En América Latina la discusión ha tenido eco, y ya está comenzando en Uruguay.